No te quiero por el oro; te quiero por la guita

La Corte Suprema de Justicia de la Nación declaró la constitucionalidad de la Ley de Glaciares. El precio del oro a nivel internacional sube por un tubo. Contradicciones coyunturales que ponen en jaque la relación del Gobierno Nacional con las multinacionales del sector.
Redacción
Los consultores y analistas financieros – los lobbistas de la banca internacional y capitales especulativos – rinden loas al oro. No es para menos: a nivel mundial, las fluctuaciones hacia la baja en términos de rentabilidad obtenida por los capitales está mostrando sus efectos. No significa que se esté acabando la especulación bursátil, sucede que el trabajo cada vez “vale menos” en dólares a nivel mundial; pero la divisa, por varios años, estuvo cotizando al alza. Pareciera que por esta época el poder económico real quisiera “emparejar” un poco las cosas para volverá tomar impulso.
Algunos de los efectos están a la vista: datos negativos en materia de empleo en Estados Unidos; crecimiento exponencial chino en materia de influencia comercial global; recesión profunda en Europa; y otra de los yankees: la Reserva Federal (algo así como su Banco Central) bajaría significativamente la tasa de interés de referencia. En criollo, esto implica que endeudarse en dólares costará un “poco menos”, y los tenedores de la divisa y bonos y papeles en dólares comienzan a buscar resguardo de capital en otros bienes. Por ejemplo, el oro.
No por casualidad, el metal creció un 5% en su cotización internacional la semana pasada. Los amarrocadores de oro, están saliendo lentamente a ofrecerlo en el mercado internacional, y las compañías mineras están intentando consolidar posiciones en materia de explotación por todo el orbe, incluida Argentina. Por eso la banca londinense pagó sin chistar las reservas de oro vernáculas, recurso que el Banco Central argentino dilapidó en alguna de las etapas de la corrida financiera que lleva más de un año. Lo correcto hubiese sido, que si Argentina se desprendía de sus reservas en oro, los dividendos obetenidos deberían haberse invertido en obras de infraestructura y reflote de la industria nacional. Pero no pasó.
En este escenario, la Corte Suprema de Justicia de la Nación declaró la constitucionalidad de la Ley de Glaciares. Baldazo de agua helada para las trasnacionales mineras que operan en el país y para el propio gobierno. Atento a lo antes descripto, había una serie de negocios y contratos prontos a firmarse, que ahora deberán reformularse. Además, el fallo disparó algunas internas entre los mandos medios de la gestión macrista, interlocutores oficiales ante las empresas.
La Cámara Argentina de Empresarios Mineros llamó a “generar definiciones técnicas e instrumentos” para potenciar el desarrollo minero y el cuidado de los recursos naturales. Si bien, afirmaron, “toda actividad productiva debe realizarse de forma responsable y transparente”; resaltaron públicamente que al ser el sexto sector exportador según guarismos de 2018, la industria minera “emplea a 80.000 trabajadores y genera aportes anuales al país por $30.000 millones”. Tras el fallo, la CAEM manifestó que “buscará el diálogo”. Nuevamente lo traducimos al criollo: “aflojen la cincha, porque hay mucha guita en juego”.
El lógica la prédica, más aún con el precio internacional que está teniendo el oro. Cuando la Corte rechazó los planteos realizados por la provincia de San Juan, la Barrick Gold y la empresa Minera Argentina Gold; muchas de las inversiones de las multinacionales volverán a cero. Agrava ésta situación, que la Secretaría de Minería de la Nación, Carolina Sánchez, acompañó la decisión judicial y argumentó: “la atracción de las inversiones trasciende los periodos de gobierno, la minería es una actividad que se desarrolla a largo plazo y debemos pensar en el futuro”.
La bronca en La Rosada no se hizo esperar. Sucede que entre los acuerdos de explotación en ciernes sólo en San Juan y Catamarca, alcanzaban los 15 mil millones de dólares. Por eso, días antes del anuncio del fallo, a través de Garabano se habían enviado a la Corte una serie de solicitudes para que las someta a consideración, apuntando a la flexibilización de la norma.
La Ley de Glaciares (26.639) enuncia en el artículo 2° que “se entiende por glaciar toda masa de hielo perenne estable o que fluye lentamente, con o sin agua intersticial, formado por la recristalización de nieve, ubicado en diferentes ecosistemas, cualquiera sea su forma, dimensión y estado de conservación. Son parte constituyente de cada glaciar el material detrítico rocoso y los cursos internos y superficiales de agua”. Tomado en términos literales, cualquier manchón de nieve es un glaciar, y por lo tanto en aras de la conservación del recurso hídrico y el equilibrio ambiental no deberían tocarse.
En lo que sigue, el Gobierno Nacional intentará impulsar el criterio utilizado por algunas provincias – Santa Cruz por ejemplo -, de crear “áreas de interés especial minero”. El objetivo será generar un hueco en la legislación que le permita operar a las multinacionales. Éstas, a diario le recuerdan al macrismo: “el oro sube”. Hay mucho dinero en juego.

Fuentes: Corte Suprema de la Nación / CAEM

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