Malvinas tiene olor a pescado

La Cancillería argentina tuvo que retroceder en el impulso de participar de la creación de la Organización Regional de Ordenamiento Pesquero (OROP) en el Atlántico Sur. De haber prosperado la iniciativa, implicaría reconocer al Reino Unido como Estado Ribereño en la zona y obtener así la legitimidad internacional en términos formales. La reacción británica no se hizo esperar.
Redacción
La gestión realizada por la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida Argentina e Islas del Atlántico Sur, obligaron a la Cancillería nacional, a cargo de Jorge Faurie, a admitir que no se avanzaría en la creación de la OROP. El hecho tuvo lugar en la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, y la respuesta fue la salida elegante que el Canciller tuvo ante la revelación de que desde la cartera que él comanda, el pasado 10 de mayo se habrían realizado reuniones para avanzar sobre dicho acuerdo con el Reino Unido, sin notificar a la mencionada provincia. La queja se funda en una cuestión simple, las islas del Atlántico Sur son parte del territorio provincial.
La permanente negativa del Ejecutivo Nacional para abordar el tratamiento de la “Ley Malvinas”, se completa con éste tipo de “chicanas” diplomáticas. Recordemos que días atrás se adjudicaron zonas de exploración de hidrocarburos a empresas británicas, varias de ellas en territorio marítimo lindantes a la Isla de Tierra del Fuego. Éstas se suman a las ya instaladas por Gran Bretaña en la zona ocupada ilegítimamente desde 1833.
El argumento oficial, es que el reclamo excede a las atribuciones del Ejecutivo Nacional y las del provincial, al tiempo que ninguna de las dos iniciativas mencionadas viola ninguna ley vigente, y que sólo se trata de emprendimientos privados que han cumplido con la requisitoria que dicta la legislación. Por lo tanto, según Cancillería, la operatoria de estas empresas y la hipotética creación de la OROP, no atenta contra la soberanía argentina en dicho territorio.

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A confesión de parte, relevo de pruebas. Faurie, sistematizó en cuatro argumentos, cuál es la verdadera visión del conflicto en el Atlántico Sur: para el Gobierno, la ocupación militar británica sería legítima; como lo serían también la explotación directa e indirecta de los recursos naturales en la zona, porque Cancillería entiende que Gran Bretaña es “Estado Ribereño”.
La respuesta del Reino Unido ante éste retroceso no se hizo esperar. El pasado 29 de mayo, el enclave inglés en Malvinas resolvió ampliar su pretendida “Área Marítima Protegida” a la totalidad de la zona de islas Georgias y Sandwich del Sur.
El Gobierno de Tierra del Fuego, elevó el reclamo a Cancillería para que tome intervención en aras de protección y salvaguarda de los legítimos derechos y soberanía sobre esos territorios. Faurie aún no se expidió oficialmente al respecto.

La desidia oficial

El argumento de la Rosada respecto de la explotación de los recursos del Atlántico Sur, seduce a quiénes no siguen el tema. Oficialmente, se han destinado permisos de pesca en épocas y zonas dónde se realiza la habitual reproducción de las diferentes especies.
Incluso el gobierno nacional, con el supuesto objetivo de sumarle competitividad internacional al sector, prometió impulsar políticas de fomento y líneas de crédito para renovar y reemplazar 150 pesqueros en un programa que llegaría a las 500 unidades. La ley ya la tienen: fue la sancionada durante 2018, donde se aprobaba la importación de barcos en desuso que que sean “reciclados” en Argentina.
Con ambos artilugios, se fundamenta el discurso de que combate a la depredación ilegal de los recursos pesqueros por parte de barcos extranjeros, se realiza con mayor presencia de la flota nacional. Por eso, se otorgan licencias que no toman en cuenta los controles y seguimientos biológicos pertinentes.
El mismo Instituto Nacional de Investigación para el Desarrollo Pesquero (INIDEP), se encaró de difundir que la política de licencias atenta contra la renovación del recurso, habiéndose aumentado el esfuerzo de pesca en un 74%; y que existe un 59% de la denominada “pesca acompañante” sin declarar. Política que atenta especialmente contra el langostino y la merluza; dos de las especies de mayor captura.
La flota argentina pesca anualmente alrededor de 1 millón de toneladas; de las cuales el 90% se exporta. A partir de el giro gubernamental hacia el sector pesquero, estos números pueden ir en ascenso. Los empresarios no dicen demasiado: la industria crece a más de un 8,5% anual; y el precio internacional de la tonelada de pescado supera ampliamente y en relación la cotización de la carne vacuna.
¿Quién sale beneficiado en este estado de cosas? El Reino Unido. Su enclave en Malvinas no es cuestionado oficialmente. Además del punto estratégico en términos geopolíticos que implica su presencia en las islas, su principal estorbo – Argentina – para poder disponer del espacio ocupado, le hace favores en forma indirecta, destruyendo el recurso pesquero disponible fuera del sector del enclave militar.
Un último dato: en Montevideo se está construyendo un enclave logístico e industrial destinado a la pesca por parte de empresas chinas. ¿Adivinen dónde van a ir a pescar? Cartón lleno.

Fuentes: Gobierno de Tierra del Fuego / INIDEP / Nuestro Mar

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