¡Que sea ley!

Con modificaciones al proyecto tratado en el Parlamento argentino durante 2018, volvió a presentarse en la Cámara de Diputados de la Nación el impulso a la Ley por la Interrupción Voluntaria del Embarazo. Los principales puntos del texto y la posición editorial de éste medio respecto del tema a cargo del Editor.
Redacción
La Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal Seguro y Gratuito volvió a presentar en el día de ayer un proyecto de ley para la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), con modificaciones respecto al tratado en el Congreso durante 2018. La fecha elegida para el trámite no fue casual: el 28 de Marzo se conmemora el Día Internacional de Acción por la Salud de las Mujeres; y coincidió asimismo con el décimo segundo aniversario del inicio de la Campaña.
El nuevo proyecto, posee características distintas respecto del anterior. Consta de tres título que tratan la “condiciones de prácticas para la IVE; otro dedicado a las políticas públicas para la prevención; y el tercero, que impulsa modificaciones al Código Penal.
El texto fue tratado a partir de los disparadores que arrojó la dicusión en el recinto del Congreso Nacional en 2018; y participaron de su confección 190 organizaciones de todo el país. Comparativamente; las principales modificaciones son:
1. La interrupción voluntaria de embarazo se convierte en derecho cuando se realiza durante las primeras 14 semanas de gestación (dos meses y medio). Plazo que se extiende cuando corre riesgo la vida o la salud de la mujer y/o en casos de violación. Sobre este último aspecto, no se requiere como requisito la denuncia del hecho.
2. La práctica de la IVE se debe garantizar dentro de los cinco días de su requerimiento. Dicha práctica debe estar cubierta en hospitales, obras sociales y prepagas.
3. Establece que no se puede exigir ninguna autorización judicial para efectivizar la IVE.
4. Si una persona menor de 13 años demanda la práctica, “se requerirá su consentimiento informado con asistencia de al menos uno de sus progenitores o representantes legales”. Y cuando tiene entre 13 y 16 años, “se presume que cuenta con aptitud y madurez suficiente para decidir la práctica y prestar debido consentimiento”. Si su vida o su salud corre grave riesgo por condición preexistente, el consentimiento lo deberá dar uno de sus progenitores. A partir de los 16 años se considera que tiene “plena capacidad” para ejercer los derechos previstos en la ley.
5. Para el caso de que la mujer o persona gestante que solicite la IVE y hablara una lengua diferente, se deberá garantizar la presencia de intérprete con el fin de asegurar una comunicación efectiva en un marco de “respeto por la interculturalidad”. Asimismo, la ley alcanza a cualquier mujer o persona gestante sin distinción de nacionalidad, origen, condición de tránsito y/o status de residencia o ciudadanía.
6. Se define la obligación del Estado en relación a la aplicación de la Educación Sexual Integral (ESI), y establece que se deberá enseñar sobre el aborto definido como un “derecho” de las mujeres y personas gestantes, “a través de contenidos científicos, laicos, confiables, actualizados y con perspectiva de género que puedan fortalecer su autonomía”. Deben incluirse los contenidos respectivos en la currícula de todos los niveles educativos, independientemente de la modalidad, entorno o ámbito de las instituciones educativas, “sean éstas de gestión pública estatal, privada o social, lo que deberá hacerse efectivo en todo el territorio nacional a partir del ciclo lectivo inmediatamente posterior a la entrada en vigencia de la ley”.
7. Incorpora la definición de “persona gestante”; es decir, “toda mujer u otras identidades con capacidad de gestar”.
8. Prevé “asesorías” para las mujeres o persona gestantes que así lo requieran, donde recibirán información, acompañamiento y métodos anticonceptivos.
9. Fija penas de prisión de 3 meses a 1 año e inhabilitación especial por el doble del tiempo de la condena a la autoridad de un establecimiento de salud, profesional o personal de salud que “dilatare injustificadamente, obstaculizare o se negare a practicar un aborto en los casos legalmente autorizados”. Y eleva hasta 5 años la pena de prisión si resultara la muerte de la mujer o persona gestante.
10. No se criminaliza a las mujeres u otras identidades con capacidad de gestar que se sometan o practiquen un aborto por fuera del plazo de 14 semanas y de las causales establecidas. En el caso de los profesionales de la salud que intervengan solo mantiene penas cuando se practique sin el consentimiento de la mujer o persona gestante.
Entre los Diputados que firman el proyecto presentado en la cámara baja se encuentran Donda, de Somos, Austin (UCR), Mónica Macha (FpV), Romina del Plá (Frente de Izquierda), Cecilia Moreau (Frente Renovador), Carla Carrizo (Evolución), Daniel Lipovetzki (PRO), Araceli Ferreyra (Movimiento Evita), Mónica Schlotthauer (FIT), Nicolás del Caño (FIT), Carolina Moisés (PJ), Daniel Filmus (FpV), Mayra Mendoza (FpV), Silvia Lospennato (PRO) y Hugo Yasky (Unidad Ciudadana).
El trámite legislativo, se realizó ademas en el marco de una multitudinaria concentración fuera del Parlamente, y “pañuelazos en las principales ciudades de todo el país.


“Ser” debe ser Ley

del Editor*

Chasqui Federal saluda con satisfacción la presentación del proyecto. Pero periodísticamente creemos necesario plantear escuetamente algunas aristas del tema no tan abordadas en los medios. La extensión de estas líneas no alcanzan para enumerar todas las variantes de la problemática; y pedimos anticipadamente las disculpas del caso, por todo lo que se nos pasará por alto.Stencil verde - Fte. Web
Como disparador vamos a tomar el caso que resonó entre los días 13 y 18 de mayo pasado, durante el juicio contra el ginecólogo de la ciudad de Cipolletti (Río Negro) Leandro Rodríguez Lastra. Éste fue declarado culpable del delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público, a partir de la obstrucción a la práctica de un aborto no punible, a una joven de 19 años que había sido víctima de una violación durante 2017.
La piba fue obligada a parir. El médico en cuestión, efectivamente decidió sobre la vida de un tercero. El daño perpetuo que queda para la mujer violada es irreparable. A esa joven no le queda consuelo posible. Por otra parte, a Rodríguez Lastra podría llegar a esperarle una condena definitiva de dos años de prisión en suspenso y la inhabilitación para ejercer la medicina. Nada más. Empate. ¿Se hizo justicia? Podemos decir que sí; pero también podemos decir que no. Con el trasfondo del “salven las dos vidas”, una de ellas quedó perjudicada para siempre teniendo en cuenta que el embarazo pudo haberse interrumpido ni bien la piba lo solicitó. El médico se llevó su “chas-chás” y listo.
Uno de los puntales del Estado de Derecho occidental, y por ende el que rige en nuestro país, es el derecho a la vida, a “ser”. ¿Qué vida queda por delante para ésta chica? ¿Quién va a ponerse en sus zapatos? ¿El Estado de Derecho? Más allá del fallo citado, se demostró que eso no va a suceder. Lo que pone en riesgo a más de la mitad de la población argentina; y también pone en evidencia que ellas no gozan del pleno derecho a “ser”: a decidir sobre su propia vida y su propio cuerpo. La contracara que va de suyo, es que a los hombres sí nos es conferido ese derecho; y al menos desde la legislación gozamos de él plenamente.
Corresponde también mencionar el caso de la niña que fue obligada a parir ocurrido durante el mes de abril en Tucumán. Amparándose en la objeción de conciencia, y dejando traslucir que el embarazo de la nena había sido consentido se permitió dicha atrocidad. El embarazo de una niña SIEMPRE es producto de un abuso o violación. No existe el consentimiento incluso en situación de prostitución. Por lo tanto, la interrupción de esos embarazos debe ser automática, inminente. Créanle a este cronista devenido en editor: no quieren que les cuente las cosas que me ha tocado ver. No sólo las adolescentes o adultas mueren por shocks sépticos; es decir, infecciones generalizadas en los cuerpos de esas nenas que mueren bajo condiciones atroces de sufrimiento físico y psíquico. Ahí no se salva ninguna vida; pero las consciencias quedan tranquilas.
Que se sancione la ley de interrupción voluntaria del embarazo no terminará con estas barbaridades. La industria de los abortos clandestinos es muy poderosa. Pero al menos abre el camino para procesos seguros en términos de salubridad; y no que ese “beneficio” obedezca a una cuestión de clase o de posibilidades económicas.
Que se sancione la ley tampoco impulsa un “vale todo”. No conocemos un sólo caso de seres gestantes que gustosamente interrumpan un embarazo. La sanción también le otorgará impulso a la aplicación concreta de la Educación Sexual Integral en todos los niveles y establecimientos educativos.
Por último: Argentina es un país despoblado. Sin demasiado análisis sobre esa afirmación, podría pensarse que el aborto contribuye al despoblamiento. Bueno, no. ¿Para qué queremos un país poblado dónde la mitad de sus habitantes – las mujeres -, no tiene derecho pleno a resolver sobre su vida?
Ahora bien; tanto éste proyecto, como la vigencia de terapias alternativas; o las de uso de cannabis con fines medicinales son bienvenidas y saludadas. Pero hay un cosa más que es deber del pueblo argentino y de sus representantes: es hora de reestructurar todo el plexo legal vigente en materia de salud pública; que la misma contemple necesariamente las problemáticas mencionadas, las no nombradas, y las que irán surgiendo en el futuro.
De no ser así, perpetuaremos la vulneración “ser en plena libertad”. Derecho que se transformará en una cuestión de guita y no del mero existir.

* Pablo Casals es Editor Responsable de Chasqui Federal.

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