Cantata de ladrillos amarillos

El mundillo de la construcción en Argentina está convulsionado. Ante la baja masiva de la actividad y altos índices de desocupación en el sector, el Gobierno impulsa una serie de medidas para “reactivar” las obras antes de octubre, y beneficiar a sus aliados, socios, amigos y familiares. La receta: para todos los fuegos, más fuego.
Redacción
El diagnóstico de Julio Crivelli en diciembre pasado fue el acertado. Lógico. Ellos o ponen las reglas, o reparten los turnos. Por entonces recién electo para encabezar la Cámara Argentina de la Construcción (CAMARCO), llamaba a la consolidación de la reforma laboral; las políticas de obra pública bajo el programa de Participación Público Privada (PPP) impulsado por la Rosada; y era crítico de la política cambiaria, cuyo único instrumento validado por el concierto internacional, era el retoque permanente y siempre hacia arriba de la tasa de interés.
No le erró. Crivelli no posee la bola de cristal; pero está bien informado porque tiene los pies adentro. Las tres patas del llamado tiene su explicación.
Bajo la excusa de la “compliance” – aggiornamiento a determinado modo del sistema normativo “transparente” en sus reglas y (oh, casualidad) siempre favorable a la concentración privada -, la reforma laboral sigue siendo la obsesión de las patronales argentinas. Desregular lo ya desregulado, consolidaría un horizonte exento de factores no deseados de presión (protesta social, “costos laborales”), con mayor poder de maniobra ante el Estado, y fundamentalmente, garantizar las cuotas de ganancia y rentabilidad (técnicamente, no son mismo).
Los PPP, para el mundillo de los ladrillos y el cemento, conforman una presa jugosa. Contratos de obra pública, dónde la inversión privada no está en riego; sumado a amplios, prolongados y laxos contratos de concesión y explotación posterior; y dónde es el Estado quién asume las responsabilidades ante moras, riesgos y quebrantos.
La tercera patita, es la tasa de interés de referencia. Atenta contra las dos anteriores por varios motivos, pero el principal es el siguiente: mientras a los tenedores del capital que permitiría el financiamiento de obras y proyectos, les convenga “timbear” la guita en la tasa seguirán haciendo los “encajes” en esa rueda financiera. Las ganancias son igual de jugosas pero a plazo inmediato; casi instantáneo. El deseo, de lo ases del cemento es que el dinero se ponga en sus negocios. Pero claro, el recupero de inversión es a mediano plazo, y la legislación vigente en materia de concesiones de explotación privada de bienes públicos, aún no contempla cierto régimen de pago de comisiones y reparto futuro de rentabilidad. De allí, el reclamo de “compliance”.
La perorata anterior viene a cuento de lo siguiente: el último informe del INDEC respecto de los costos de la construcción, denuncia un “preocupante“ aumento de los mismos. Sin decirlo – bajo el cuento de que los números son fríos, impolutos y objetivos -, la causa mayor serian los “costos de mano de obra”, los cuales interanualmente alcanzarían en junio venidero el 48% de alza. Por supuesto, el organismo no contempla el proceso inflacionario de los últimos dieciocho meses (75%), ni su “arrastre” anterior, y mucho menos el deterioro generalizado de todo el entorno que hace a la vida de cualquier obrero de la construcción (y de los que no pertenecen a ese sector también).
Según el informe, los costos en términos generales subieron un 40,2%; aunque específicamente tomando como referencia de construcción de un departamento en edificio torre o vivienda unifamiliar, el promedio es de 42,6%.
Si nos metemos “adentro” de esos números, y “peinamos costos” con las fuentes consultadas, veremos que la suba fue provocada por los insumos y materiales. Simple: la mayoría de ellos son importados; y los de fabricación nacional (cemento por ejemplo) cotizan en dólares y con un ojo puesto en la tasa de interés. Cosa que también explica que la actividad en el sector cayera oficialmente 12,3% en el último año; con la promesa de saltar a 16% pasado el corriente mes de mayo.
¿Qué tiene pensado el Gobierno para palear la situación? Apagar el fuego con nafta. En el Congreso ya circulan los borradores de un proyecto que impulsaría la baja general de impuestos a la construcción y a los deudores hipotecarios.
Dentro de los beneficios fiscales para las empresas se encuentran modificaciones en el impuesto a las ganancias y al cheque, y un “retoque” al IVA. El mismo Mauricio Macri, anunció que a partir de una actualización general de costos del sector, lo “perdonado” por el Estado en materia fiscal, deberá ser reinvertido en proyectos dentro de los 24 meses, pagando solamente un 15% sobre valores actualizados y en forma diferida – en cuotas -.
Otro de los beneficios es la posibilidad de diferir el pago de impuestos en fondos comunes de inversión o fideicomisos financieros con objeto inmobiliario futuro.
En criollo, el Gobierno está intentando que el dinero para inversiones en el sector se “mueva” y no pierda rentabilidad. La espalda ante los quebrantos la pone el Estado. De cara a las urnas, el macrismo necesita generar movimiento en un sector que ocupa intensivamente mano de obra, a la vez que protege a sus aliados principales (la “Patria del Cemento”) en el reparto de ganancias.
Al parecer, todo cierra en tempo y compás. Para ellos, claro.

Fuentes: INDEC / CAMARCO

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