La emergencia de la yerba

La crisis permanente de las economías regionales es uno de los signos que están caracterizando al gobierno de Mauricio Macri. Una de los circuitos productivos del país es el de la yerba mate. Aquí un informe de situación del sector.
Redacción
La realidad de la producción de la yerba mate, es otra muestra de la crisis que están atravesando las economías regionales. Durante febrero pasado, los pequeños productores se movilizaron ante la crisis del sector, llevando a realizar el denominado “yerbatazo” en Plaza de Mayo.
Por entonces, los productores denunciaban que el Instituto Nacional de Yerba Mate (YNYM), los desamparaba al no cumplir sus obligaciones en materia de regulación de precios y fiscalización de la producción. Así, durante el primer trimestre, el productor recibía $ 3 por kilo, cuando les correspondía recibir $ 5,10.
La situación alcanzaba a 40 mil productores, y a 200 mil personas vinculadas a la actividad. Mientras tanto, el kilo de yerba al consumidor final alcanzaba $ 60.
Ante la situación, el Instituto intervino. A fines de febrero de 2017 emitió la resolución 29/17, donde se argumentaba que a raíz de la gran cantidad de hoja verde disponible y los sobre stocks de yerba “canchada” (primera molienda luego del secado) y molida, y se tomaba la decisión de no levantar la producción durante el mes de septiembre del corriente, y de esta manera acortar un mes el periodo de cosecha que habitualmente comienza en el mes de abril.
De esta manera, a los ojos del INYM, se regularía el precio al ir consumiéndose el excedente. Asimismo reguló nuevos precios que regirían hasta fines de septiembre: $ 6,012 por kilo de hoja verde; y $ 22,202 por kilo canchado.
De marzo a julio, el precio del kilo final aumentó un 16% ($ 70 en promedio). Según el precio establecido por el INYM, el productor debería recibir el mismo porcentaje de incremento. Sin embargo, según denunciaron productores misiones, están recibiendo entre 4 y 4,5 pesos por kilo a un plazo de hasta 90 días.
Sumado a esto, el mismo Instituto, resolvió dejar sin efecto la Resolución 29/17, y la cosecha también se realizará durante el mes de septiembre. Los argumentos principales fueron dos: el primero, que a causa de los altos volúmenes de lluvias registrados hasta mayo de 2017, la producción de hoja verde apenas superó los 260 millones de kilos (un 25% menos que a la misma fecha en 2016). El segundo argumento, es que de interrumpirse el ciclo tradicional de cosecha los empleadores dejan cesantes a miles de trabajadores de la cadena; y se transformaría en un problema que afectaría la coyuntura actual y tendría graves repercusiones para el año que viene. La evolución del tipo de cambio en los últimos días, también es un aspecto del que los líderes del sector no quieren quedar al margen.

La concentración del sector

Según la información relevada, el 80% de la producción está concetrada en las empresas propietarias de las siguientes marcas: Taragüí (Las Marías), Rosamonte (Hreñuk), Amanda (La Cachuera), Cruz de Malta y Nobleza Gaucha (Molinos Río de la Plata), La Tranquera (Llorente). A estas se suman algunas cooperativas, que poseen una porción menor de dicho porcentaje: Playadito (Cooperativa Liebig), Piporé (Cooperativa Santo Pipo), Aguantadora (Cooperativa Montecarlo) y Andresito (Cooperativa Andresito).
El Instituto nacional de la Yerba Mate está cooptado por estas empresas, con el beneplácito del Ejecutivo nacional; a pesar del continuo pedido de intervención por parte de los pequeños productores.
La propuesta superadora de este sector es la siguiente: primero, que el Estado nacional declare la emergencia yerbatera. Segundo, que se implemente la legislación vigente desde 2009, para la creación de un mercado consignatario yerbatero. En tercer lugar, que se fije un nuevo precio a la salida del molino.
En los últimos años, a través del INYM, se logró reconstruir la trazabilidad de cada kilo de yerba desde que sale de las fincas hasta el consumidor. Es por ello que los productores empujan la idea de si se pone en funcionamiento el Centro de Transacciones, se podría tener un mayor control fiscal, consolidar el registro de productores; e integrar a los productores a la red total de comercialización.

Fuente: Misiones Online / INYM

Fuente Imagen: Misiones Online

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