Santa Cruz: extorsión gradualista o ahorcamiento financiero

Santa Cruz acordó una asistencia finaciera con el gobierno nacional, a cambio de implementar un fuerte programa de ajuste y achicamiento estatal. A raíz de la situación, desde la legislatura de la provincia se ensayan propuestas respecto del recurso petrolero.
Redacción
“No les vamos a pedir más de lo que estamos haciendo nosotros a nivel nacional” afirmaron desde el ministerio del Interior; al tiempo que la Gobernadora Alicia Kirchner se comprometió a bajar el déficit fiscal de la Provincia de Santa Cruz, que según el Ejecutivo nacional alcanza los cinco mil millones de pesos.
La provincia es una de las más afectadas por el cambio realizado por el macrismo respecto del reparto y ritmo de goteo de los fondos de la coparticipación. Esto, al juntarse con otras medidas tomadas por el gobierno nacional respecto de quita de retenciones, instauración de zonas francas y encarecimiento general de fletes, ponen a las provincias patagónicas en situación de vulnerabilidad; y a Santa Cruz en particular.
La asistencia nacional alcanzaría los 1.500 millones de pesos, con el compromiso que la provincia alcance de aquí al 2020, metas de ajustes fiscal, que lleven al superhábit a las cuentas santacruceñas. Las medidas según se anunció, consisten en congelamiento de la planta de empleados públicos, incrementar la carga fiscal sobre la población y flexibilizar el sistema jubilatorio provincial.
Los fondos, serían asignados por el Fondo Fiduciario de Desarrollo Provincial; creado en 1995 para la asistencia a las provincias. Instrumento genenrado desde el gobierno menemista para transformarse en opción ante la crisis desatada en el mundo financiero en América latina, denominada “Efecto Tequila”.
El Estado santacruceño es el principal empleador de la provincia. De adoptar apie d ella letra estas medidas, implicaría un notable retracción del poder de intervención de la provincia en la población, y granjearle más aún el camino al capital privado.
La situación extorsiva que vive Santa Cruz, hace las veces de tubo de ensayo para el programa de ajuste que el gobierno nacionl estaría planificando para después de octubre.
Desde la Legislatura santacruceña, se ensayará mañan una alternativa: la declaración de la emergencia hidrocarburífera. Mágicamente, y en el actual contexto provincial, YPF había anunciado para el 2017, el “Plan de Inversión Cero para Santa Cruz”. Política que no sólo repercute negativamente en la producción de hidrocarburos, sino también en la inestabilidad en materia de empleo y su correlato negativo en los ingresos provinciales por regalías petroleras.
En tal sentido, la iniciativa parlamentaria tiene como objetivo instar a YPF revertir la política respecto de la provincia; o bien, iniciar el camino a la rescinción de los contratos de concesión de explotación de áreas petroleras provinciales que posee en la actualidad la empresa petrolera nacional.
De concretarse la medida, Santa Cruz estaría en la encrucijada: recuperar la potestad de los pozos para abrir al capital extranjero la explotación de los mismos cediendo soberanía; o se somete a la extorsión y extrangulamiento finaciero que le plantea el gobierno nacional.

Fuentes: Télam – Legislatura santacruceña

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