Industria Textil: de la planta de algodón al mundo

Recientemente se publicaron informes que detallan la crisis del sector en materia de empleo, y el brutal incremento de las importaciones de prendas terminadas. Desde el Ministerio de Agricultura también anunciaron medidas que confluirían en la mayor concentración de la cadena. Sin embargo, Argentina podría autoabastecerse de indumentaria si las políticas gubernamentales aplicadas al sector así lo quisiesen.
Redacción
Días atrás, la Cámara Industrial Argentina de la Indumentaria (CIAI) publicó un informe de importaciones argentinas para las prendas de vestir, con guarismo que reflejan la situación al mes de enero de 2017.
Según la entidad, las importaciones marcaron un record histórico en cuanto a volumen mensual ingresado al país, que superando apenas las 1.600 toneladas. Es decir, un 71 por ciento más que enero de 2016. El monto total de salida de divisas del país fue de 33,7 millones de dólares. Según el informe del CIAI, el 70 por ciento de la mercadería ingresada procede China, país al que se le compra el 80 por ciento de la mercancía ingresada.
El brutal incremento de lo importado, no levantó sorpresas en el sector: era la consecuencia lógica luego de que los ministros de industria y hacienda, anunciaran con bombos y platillos, que se continuaría con las políticas de apertura de importaciones, con el objetivo incentivar la competencia interna y estabilizar los mercados. Más allá de los discursos, se sabe que dichas medidas, sólo obedecen a la mayor concentración de lo quede del sector textil nacional, y al disciplinamiento de los pequeños productores y trabajadores de la industria. Sin contar con el futuro crecimiento de la informalidad en ese rubro.
Un reciente estudio del CEPA, informó que durante 2016, se registraron más de 11.700 suspensiones y al menos 3.300 despidos en empresas textiles. Desde enero del pasado año a la fecha, empresas como Alpargatas, Coteminas, Guilford, GGM, Textil Neuquén, Pampero, TN&Platex, Broderie Suizo-Argentina, Felsom y Unisol, anunciaron cierres, despidos y suspensiones masivas, ventas y fusiones.
Sin embargo, desde el Ministerio de Agricultura se muestran preocupados por la crisis del sector. El pasado viernes, anunció el lanzamiento de un protocolo de trazabilidad “eficiente desde la semilla hasta la prenda”, con el objeto de otorgar valor e índices de calidad a los distintos eslabones de la cadena para facilitar la “formalización de los mercados”.
Según declaraciones del Director Nacional de Agricultura, Ignacio Garciarena, la medida intentará como primer paso detallar la modalidad a implementar para poder conocer el historial del algodón desde que es cosechado hasta la llegada a las hilanderías procedente de la desmotadora. La tecnología que se aplicará para el protocolo, permitirá guardar toda esa información en un chip de identificación. A partir de allí, explicó Garciarena, se desarrollarán “tres líneas claras de acción para fortalecer a la comunidad algodonera: la lucha del picudo algodonero, a través de la creación de los Entes Sanitarios Locales conformados por los productores y supervisados por el SENASA; el PROCALGODÓN, llevado adelante junto con el INTA, el Ministerio de Producción y el INTI, del cual este proyecto de trazabilidad forma parte; y la generación de reglas claras para incentivar la introducción de variedades modernas de semilla”.
En criollo, la política impulsada alcanzará en el mejor de los casos al 17 por ciento de los productores, sumando a las provincias del Chaco, Formosa, Santa Fe, Santiago del Estero, Salta y Tucumán.
Según un informe publicado por el Ministerio de Economía de la Nación con datos de 2011, el 83% de los productores de algodón son minifundistas (10 hectáreas de explotación máxima), y abarcan el 20 por ciento de la superficie sembrada. La mano de obra es familiar, no poseen acceso a créditos bancarios, ni son contemplados por las cámaras que nuclean a los productores. Desde principios de 2016, se les interrumpió la asistencia técnica que les brindaba el Estado en materia de semillas. Estimativamente más de 75.000 familias padecen esta condición.
Es de esperar, que al no poseer personería jurídica alguna ni respaldo financiero, no puedan acceder a los supuestos beneficios del protocolo.
De la cantidad de productores restantes, el 14 por ciento explota hasta 100 hectáreas como máximo, dependiendo de acopiadores y desmontadores privados para vender su producción a término y sin contratos. Estos se reparten el 54 por ciento de la superficie sembrada. La capacidad de acceso a créditos para adquisición de insumos y tecnología, es limitada gracias a endeudamientos previos o desventajosas posiciones en los contratos
El restante 3 por ciento, reúne el 26 por ciento de la superficie sembrada; y concentra asimismo las escalas de acopio y desmonte, integradas verticalmente con hilanderías y tejedurías. Es decir, el sector de la producción algodonera que se beneficiará directamente del protocolo de trazabilidad, dada su estrecha vinculación con lo que queda de la industria textil y el sector externo.
Dos datitos para cerrar. Primero, la capacidad instalada en el país para el procesamiento del algodón alcanzaría para 1,8 millones de toneladas. La producción sin embargo, apenas supera las 750 mil. Antes del comienzo de la debacle, el sector textil industrial apenas superaba el 80% de utilización de la capacidad instalada, ocupando cerca de 25 mil trabajadores en todo el país, sin contar otros 150.000 puestos de trabajo entre la producción de algodón, la cosecha y el hilado hasta 2011. Las exportaciones, apenas superan los 200 millones de dólares.
Segundo datito: en diciembre de 2017, el gobierno argentino, la Organización Mundial de Comercio y el lobby de países productores de algodón e industria textil global, realizarán la Undécima Conferencia Ministerial. Allí esperan discutir y diagramar en nuevo tablero internacional en materia de comercio global de algodón e industrias textiles. La frutilla del postre, serían los chips del protocolo de trazabilidad, que deberán adquirir las provincias productoras para dotar de información al mercado internacional.
Una ganga.

Fuentes: CIAI, CEPA, OMC, MEyH de la Nación

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