Más REPRO para los socios, menos REPRO para el trabajo

El Ministerio de Trabajo anunció la extensión del Programa de Recuperación Productiva para todo el 2017. La alteración de su “espíritu” para su aplicación, y un panorama de la situación del empleo en Argentina.
Redacción
El Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación prorrogó, hasta el 31 de diciembre de 2017, la vigencia del Programa de Recuperación Productiva (REPRO). El objetivo de esta política pública vigente desde 2003, es brindar a las empresas adheridas al programa, una suma remunerativa para cada trabajador equivalente al salario mínimo, vital y móvil durante el periodo de un año a partir de solicitado.
De esta manera, el empresario deberá completar el salario del trabajador según la legislación vigente para cada actividad; y tributar sólo por dicha porción. Así, se facilitaría al sector empleador empresario, la posibilidad de garantizar estabilidad a sus empleados. A su vez, que el trabajador perciba sus aportes patronales y cargas sociales durante el periodo de adhesión al programa.
Los datos publicados por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) en noviembre de 2016, servirán para ilustrar un ejemplo. El 72,40 por ciento de los trabajadores en relación de dependencia (en “blanco”), que superan los 5.300.000 personas, accede a un salario promedio de $ 11.750. Si el salario mínimo, vital y móvil se estableció en $ 8.060, quiere decir que el empleador adherido al REPRO pagará y tributará por cada trabajador a su cargo la suma de $ 3.690. Es decir, que el Estado Nacional le aportará por cada empleado el 68,6% de los recursos destinados al pago de sueldos y aportes.
La creación del REPRO, fue consecuencia de la declaración de la Emergencia Ocupacional Nacional durante los primeros meses del año 2002. La iniciativa apuntaba a sostener, proteger y promocionar, la creación de empleo genuino, y apuntalar la recuperación de los sectores privados y las denominadas “economías regionales”.
Las empresas que se proponen acceder a este beneficio, deben detallar las características de la crisis que atraviesan, junto al plan de recuperación que piensan llevar adelante, y el compromiso de no despedir o suspender personal mientras dure el acceso al REPRO. El pago del dicho subsidio, lo realiza ANSES en forma directa a cada trabajador.
Según la Resolución 1-E/2017 publicada el pasado 2 de enero en el Boletín Oficial, se prorroga la vigencia del programa hasta el 31 de diciembre del corriente año, con algunas modificaciones de forma, pero con un compromiso de cumplimiento relativo por parte del gobierno: el artículo 5° de la mismo, establece que el pago del subsidio quedará supeditado al presupuesto; y que la falta de pago no habilita a la empresa empleadora a reclamar la liquidación del mismo al Estado Nacional.
La aprobación del acceso al REPRO, queda a consideración del Ministerio de Trabajo. Durante junio del pasado año, el ministro Triaca, anunció que sólo 23 firmas de las 184 solicitantes, reunían las condiciones de aprobación del programa. Además, argumentó que la medida garantizaría la fuente laboral de más de 10.300 trabajadores.
Si hacemos algunas cuentas, los datos oficializados por el Ministro, confirman que las empleadoras beneficiadas no pertenecerían al sector PyME, sino a las grandes empresas del sector. Para ser considerada mediana empresa, las firmas no deben superar los 250 empleados en el sector industrial, o los 100 para el sector comercio y servicios.
Según los cálculos, las 23 empresas beneficiadas, superarían cada una los 450 trabajadores. Si bien, la situación económica en Argentina atraviesa a grandes y chicos, se sabe que las mayores generadoras de empleo formal se encuentran dentro de las pequeñas y medianas empresas. Éstas, a la vez, son las más perjudicadas por la gestión gubernamental de la Alianza PRO-UCR.
Si bien, se desconocen los detalles de la no promoción para las restantes 161 empresas solicitantes en 2016, se estima que la fuente laboral de al menos 43.000 trabajadores entró formalmente en riesgo desde el anuncio de Triaca.
Para finalizar, expondremos dos consideraciones. En primer lugar, la dudosa tendencia hacia la legalización de beneficiar con fondos del Estado, los niveles de rentabilidad de las grandes empresas, a partir de subsidiarles salarios e impuestos.
Segundo, la minuciosidad con que se está tejiendo la red de compresión y empuje hacia la baja de los salarios y el nivel de empleo en el país. Algo así como el perfeccionamiento de la flexibilización laboral establecida desde la “Ley Banelco” durante la gestión de De la Rúa.
Datos sobre el empleo argentino
Según el INDEC, para mediados de 2016, la Población Económicamente Activa – las personas que trabajan o buscan trabajo -en Argentina era de 20 millones de personas. Desde éste dato, se desprende lo siguiente:
– Los trabajadores asalariados suman 15.120.000 personas. Sobre ese total, 7.4 millones poseen empleo formal. De estos últimos, 5.3 millones de trabajadores poseen un ingreso promedio de $ 11.750. Los restantes se reparten en 1.750.000 empleados con un ingreso promedio de $ 40.000; y alrededor de 250.000 personas con salarios que alcanzan y superan los cien mil pesos.
– 7.720.000 de trabajadores trabajan en “negro”. Dada la característica de su relación laboral, el nivel de ingreso se reduce en un 40% respecto de los trabajadores del sector formal. Podemos concluir que el ingreso promedio del sector a junio de 2016 era de $ 7.500 a $ 8.000.
– De los casi cinco millones de trabajadores restantes, al menos 1,8 millones se encuentra desocupado; y cerca de 3 millones de personas son subocupados.

Fuentes: Ministerio de Trabajo de la Nación – BO de la Nación – INDEC

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