El servicio público de publicidad oficial es un Derecho Humano

La ley que regularía la pauta oficial en los medios de comunicación tiene media sanción del Senado desde el pasado miércoles 23 de noviembre. La ambigüedad del proyecto que espera la discusión en Diputados, esboza una débil posición estatal respecto del capital concentrado, y promete la desregulación de la asignación de recursos y el uso de los fondos destinados a la publicidad oficial.
Del Editor
El pasado miércoles 23 de noviembre el Senado dio media sanción a un proyecto de ley que busca regular la asignación de la publicidad oficial.
Mientras espera el tratamiento en Diputados, la iniciativa dista de postular una política pública transparente, tecnológicamente neutra y equitativa en materia del servicio público de publicidad oficial. Lamentablemente, la discusión central parece encaramarse -otra vez- en la trillada contienda de para qué sirve la pauta estatal, a qué medios de comunicación se le otorga, y en qué proporción. En forma solapada, la disputa encierra el otro tema en ciernes: si el servicio público de publicidad oficial, es o no es un acto de propaganda de gobierno; o peor, si la propaganda de gobierno es -indirectamente- propaganda partidaria.
Las suspicacias son inevitables. Sin embargo, las soluciones propuestas difieren en cuanto al “deber ser” de los contenidos de la publicidad oficial, entendidos estos como parte de un servicio público.
Es evidente la necesidad de regulación de la pauta oficial; cómo lo es también la necesidad de establecer qué se debe publicitar. La difusión de actos de gobierno no implica necesariamente la publicidad partidaria; cosa que se indilgó continuamente a las dos gestiones de Cristina Fernández. Claro está también que la publicidad de actos de gobierno, no constituye un acto de difusión de información pública. Este problema, este abstracto general, atraviesa a todos los poderes y estamentos del Estado.
Ahora bien, ¿en qué consiste la información pública? La definición rápida es la publicación, difusión y comunicación de todo aquello que concierne al patrimonio público de la nación y al bienestar de sus habitantes. Su propalación y toma de conocimiento por parte de la población, fortalece siempre las bases de la organización democrática y el funcionamiento de las instituciones.
Sin embargo, salvo las campañas de prevención de ciertas enfermedades estacionales (gripe A, dengue, o de trasmisión sexual) o publicidad de obra pública, rara vez aparecen informaciones sobre los contenidos de los programas educativos en las escuelas públicas, fallos judiciales que comprometen o protegen el patrimonio público de la nación, o grados de evolución o retroceso de la industria nacional, las condiciones de trabajo de la población, o el alcance de las legislaciones sancionadas en los parlamentos nacional, provinciales o municipales.
En definitiva, si el debate queda supeditado a cómo y quién se le repartirán los recursos, se seguirá agrandando la brecha de desconocimiento y contacto de la población con sus representantes, gobernantes y magistrados.
El silencio siempre ha servido a las intenciones más oscuras. Los políticos profesionales y los jueces etéreos conocen al dedillo el arte de esconder.

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